Sobre la censura
Cuando el creado se vuelve contra su creador.
La censura es un arma de doble filo, dañina en su eficacia y traicionera en sus promesas. También es una herramienta de jardinería para dictadores de salón. Imaginemos una motosierra, tan hábil para podar un seto como para convertir al jardinero en un rompecabezas humano si el viento sopla en su contra. Diseñada para extirpar lo incómodo, termina hiriendo su objetivo más precioso y vulnerable: la libertad. Entendida como la eliminación deliberada de ideas, expresiones o información consideradas inapropiadas, ofensivas o peligrosas, la censura se presenta como un baluarte de los valores sociales, aunque en el fondo erosiona los cimientos de la libertad de pensamiento y de expresión.
Tiene raíces antropológicas, presentes mucho antes de la invención de la imprenta, y ninguna sociedad —ni siquiera la democrática Atenas clásica— ha estado completamente libre de su influencia. Aunque su manifestación varía según la ideología, la nación y el contexto histórico, siempre encuentra justificaciones que la hacen parecer inevitable. Por ejemplo, en los regímenes comunistas, las estrategias de censura variaron significativamente. Mientras la Unión Soviética desplegaba un control informativo meticuloso, adaptado a las particularidades de países como Polonia y Hungría, el régimen de Mao Zedong en China desarrolló métodos más ambiciosos y encerrados en sí mismos, distintos incluso de los empleados en Cuba. Por otro lado, muchas naciones poscoloniales heredaron leyes de censura de sus antiguos colonizadores, adaptándolas tras la independencia para perpetuar dinámicas de control bajo una nueva fachada local.
Pero la censura no es tan creativa como parece. Es, más bien, una criatura de costumbres, pues siempre vuelve a las mismas obsesiones: la religión, el sexo, la seguridad nacional y, por supuesto, el odio. La blasfemia y la herejía han llevado a religiones a prohibir obras consideradas ofensivas o contrarias a sus dogmas. La pornografía, tan peligrosa como un cuadro de Rubens en el salón de una familia conservadora, ha sido objeto de encendidos debates cuyos criterios varían entre culturas y regiones. La seguridad nacional, ese comodín, se ha usado para casi todo, desde tapar escándalos hasta justificar invasiones de la intimidad del tamaño de un país. ¿Y el odio? En Alemania y Sudáfrica, tras capítulos oscuros de su historia, se censuraron expresiones racistas con la meticulosidad de quien limpia una mancha de sangre en una alfombra persa. Y aunque tales intenciones sean plausibles, uno no puede evitar preguntarse si tanta higiene ideológica no está dejando el tejido un poco raído.
Sin embargo, un problema central de la censura no radica solo en su carácter restrictivo, sino también en su capacidad para decidir qué se considera «peligroso». En teoría, debería proteger a la sociedad de amenazas objetivas. En la práctica, tiende a apuntar contra casi cualquier idea que incomode al grupo dominante. Así, lo «peligroso» suele definirse de manera tan arbitraria como conveniente. ¿Proclamas una república? Censurado. ¿Haces una broma en Instagram sobre el rey? También censurado. Porque para la censura no hay jerarquías. La irreverencia es un crimen y el silencio, la condena universal.
Esta arbitrariedad refleja una dinámica inherente al ejercicio del poder. Según el pensador posmoderno Michel Foucault,1 el poder no se limita a prohibir o reprimir, sino que también genera discursos, normas y verdades que moldean lo que una sociedad percibe como aceptable. En este sentido, la censura elimina aquello que desafía el statu quo y construye una narrativa donde sus propias decisiones aparecen como necesarias, incluso naturales. En lugar de proteger valores universales, la censura tiende a construir un marco ideológico que excluye cualquier expresión que lo desestabilice. Por ejemplo, cuando un gobierno justifica la censura en nombre de la «seguridad nacional», no solo reprime voces disidentes, sino que también define qué constituye una amenaza y refuerza así su autoridad sobre los límites del debate público. Así, la censura actúa como un agente del poder, que moldea lo «peligroso» según sus propios intereses y perpetúa una ilusión de consenso y orden.
Esto se vuelve aún más evidente al observar la historia, que nos enseña que la definición de «peligroso» es tan frágil como un castillo de arena frente a la marea del poder. Lo que hoy se protege con fervor puede prohibirse mañana, y lo que ahora está proscrito puede convertirse en un estandarte de legitimidad. Este vaivén es muy claro en los regímenes políticos en transición. Un día, un libro es sagrado; al siguiente, es herejía. Cambia el viento del poder y, de repente, lo que ayer era un panfleto subversivo se convierte en un himno nacional, mientras que el texto oficial pasa a ser el combustible de la hoguera. Regímenes que quemaron poemas para proteger el orden terminan prohibiendo a los mismos poetas cuando el verso cambia de destinatario.
Porque como ocurre con cualquier herramienta de poder, la censura rara vez permanece fiel a un único amo. No sirve a nadie, excepto al miedo. Y el miedo no entiende de banderas ni consignas. En estas sociedades donde el poder cambia de manos con inquietante regularidad, esta arma tiende a volverse contra quienes primero la empuñaron. La historia, maestra del péndulo, nos enseña que las dinámicas de poder político y cultural son inherentemente inestables, es decir, que lo que hoy es justicia mañana bien puede ser inquisición. Véase el caso de la Revolución Francesa, que tras cortar las cadenas del absolutismo, decidió afilar sus cuchillos contra sí misma bajo el Comité de Seguridad Pública. Así, la guillotina, siempre puntual, cortó las cabezas de los revolucionarios que días antes coreaban consignas de libertad. Libertad, igualdad, fraternidad… y después cabeza al cesto.
Así, las ironías burlescas de la historia son generosas y abundan en relatos donde la censura termina volviéndose contra sus propios creadores. Es ese perro fiel que tarde o temprano muerde al amo. Obediente y feroz, parece el guardián perfecto del poder… hasta que detecta el miedo. En la historia, sus mordiscos han dejado nombres inolvidables. Sócrates, que se bebió la cicuta como quien levanta una copa en honor a la coherencia, y Galileo, que miró a las estrellas y luego a la Iglesia, musitando entre dientes un «Eppur si muove». Estos hombres nos dejaron una lección, y es que desafiar la censura es una cuestión de principios y una declaración de que el pensamiento libre trasciende cualquier dogma.2
No obstante, no todas las historias de censura siguieron este vaivén pendular. Regímenes como el soviético en su apogeo o ciertas dictaduras contemporáneas han manejado la censura con admirable consistencia, usándola como un andamiaje para sostenerse en el poder durante décadas. Sin embargo, incluso estas maquinarias perfectas acumulan una deuda que, tarde o temprano, alguien tiene que pagar. Al final, los costos acumulados terminan por manifestarse. La Reforma, las revueltas de la Primavera Árabe o la caída del Bloque del Este demuestran que, si bien la censura puede ser una aliada formidable, difícilmente escapa a las consecuencias a largo plazo.
Por supuesto, no toda restricción al discurso cae en la categoría de censura injusta. Nadie con dos dedos de frente discutiría la necesidad de prohibir la pornografía infantil; ahí, el consenso público es tan sólido como una roca. Estas medidas percibidas como necesarias rara vez se interpretan como una censura abusiva. Sin embargo, incluso en estos contextos aparentemente claros, la historia muestra que las regulaciones pueden ser manipuladas con fines más oscuros. Por ejemplo, las leyes contra la blasfemia empezaron como guardianas de la moral divina y terminaron como perros de ataque contra personas y minorías incómodas. En tiempos recientes, el concepto de blasfemia ha sido trivializado, al ser equiparado con el simple hecho de herir los sentimientos de los creyentes, diluyendo su significado y ampliando su alcance de forma peligrosa. Y en India, las leyes contra la incitación al odio, heredadas de la época colonial británica, lejos de salvaguardar a las minorías o proteger opiniones contrarias, han sido empleadas para silenciarlas, lo que subraya cómo las regulaciones bien intencionadas también pueden derivar en instrumentos de represión.
Todo esto no significa que haya que abrir las compuertas del caos. Es decir, no sugiero que se deba permitir todo. Existe una distinción importante entre la censura como arma ideológica y la regulación necesaria para prevenir daños concretos. Pero regular el discurso, como intentar domesticar a un tigre, es una tarea delicada, pues en teoría todo parece justo y razonable, pero en la práctica alguien termina siendo mordido, y no necesariamente el culpable. El truco está en la precisión. Si vas a cortar, corta, pero no con la motosierra. Limitar expresiones que incitan directamente a la violencia física o que promueven la persecución real de grupos vulnerables puede justificarse tanto desde una perspectiva moral como pragmática, siempre y cuando las medidas se ajusten a criterios precisos y verificables.
Para que tales restricciones sean legítimas sin comprometer la libertad de expresión, pienso que deben observarse tres principios fundamentales.3 Primero, debe existir evidencia sólida de que el discurso en cuestión genera o agrava un daño real e inminente.4 No el supuesto daño ni el hipotético, sino el objetivo y demostrado, algo más allá de las quejas ofendidas en Twitter. Segundo, el proceso de evaluación debe ser público y transparente y que permita que la proporcionalidad de la medida sea objeto de escrutinio. Es decir, si vas a decidir qué se puede decir y qué no, hazlo a plena luz del día y no cuando todos se acuesten, permitiendo que cualquiera te cuestione. Tercero, las normas deben aplicarse de manera imparcial, sin distinciones basadas en ideología o afiliación social. Es decir, la norma debe aplicarse por igual al tuitero anónimo y al político, al influencer y al intelectual, al negro y al blanco, al machista y al aliado feminista con tres denuncias en su contra. Sin excepciones ni favoritismos.
Daño real, transparencia y universalidad. De este modo, las restricciones dejan de ser un ataque a la libertad y se convierten en un acto de responsabilidad que preserva el delicado equilibrio entre la protección de la sociedad y el respeto a los derechos individuales.
Esto, por supuesto, es fácil de teorizar, pero en la práctica, el límite entre la regulación legítima y la censura arbitraria es, en el mejor de los casos, nebuloso, y en el peor, un campo de batalla donde chocan furiosamente los intereses. Los debates actuales sobre la «desinformación» en las plataformas digitales ilustran perfectamente esta tensión. Las noticias falsas son dinamita para la confianza social, pero combatirlas sin caer en el autoritarismo es casi como desactivar una bomba con las manos atadas. Las plataformas, que están atrapadas entre las exigencias de los gobiernos y de los usuarios, responden con censura automática, dejando que bots y criterios opacos decidan qué es cierto y qué no. Un ejemplo de esta dinámica es el Código de Desinformación de la Unión Europea, diseñado para responsabilizar a las plataformas digitales en la lucha contra el contenido «falso» o «engañoso». Mientras tanto, en Estados Unidos, el debate gira en torno al equilibrio entre la Primera Enmienda y la necesidad de regular discursos dañinos.
El resultado es que se borran bulos, sí, pero también voces legítimas que se salen del guion. El manejo de la desinformación durante la pandemia de COVID-19 es un claro ejemplo de ello. Los rumores sobre tratamientos milagrosos, las teorías sobre el origen del virus y las dudas sobre la eficacia de las vacunas se propagaron a gran velocidad, lo que llevó a las plataformas a imponer políticas estrictas para limitar su impacto. Sin embargo, estas medidas fueron criticadas por su falta de transparencia y por censurar contenidos que, en algunos casos, resultaron ser válidos o simplemente representaban opiniones discrepantes.
Para abordar este problema, sería prudente establecer marcos que incluyan mecanismos de apelación y revisión, respaldados por paneles independientes con representación pluralista, y si tienen una naturaleza científica, mucho mejor. Procesos transparentes para evaluar cada caso ayudarían a distinguir entre regulaciones justificadas y censura y fortalecerían la confianza pública en estas medidas.
Si esto suena ingenuo y utópico, es porque lo es. Pero también lo era pensar que el poder debía rendir cuentas, y aquí estamos, al menos en teoría.
Esta diferencia entre regulación legítima y censura arbitraria radica tanto en la intención como en el proceso. La regulación legítima busca prevenir daños reales y tangibles basándose en evidencia sólida, mientras que la censura arbitraria opera en las sombras, eliminando expresiones incómodas bajo pretextos opacos, ideológicos o subjetivos. Renuncia al análisis objetivo, se ejerce sin rendición de cuentas y, como consecuencia, se convierte en una invitación abierta al abuso de poder. Sin estos principios rectores, la línea entre proteger a la sociedad y ejercer un control opresivo se desdibuja —usemos el término— peligrosamente.
Así, la historia está repleta de ejemplos en los que la censura decidió lo que era conveniente para nuestras almas, primero en las escenas del teatro, luego en las páginas de los libros y más tarde en las salas de cine. Formas más recientes, como la música y el internet, han ganado protagonismo, y en nuestra era la tecnología ha añadido un giro inquietante a esta tentación. Las herramientas de vigilancia masiva y los algoritmos de censura convierten al censor en un dios omnipresente, que decide qué es visible y qué no. Lo han dotado de un control más preciso y duradero sobre el discurso público, reduciendo la frecuencia del efecto pendular. Pero, como hemos visto, lejos de eliminar el riesgo, estas innovaciones simplemente posponen las consecuencias, acumulando tensiones sociales que tarde o temprano revientan con una fuerza impredecible.
El presente no ofrece un respiro. Tanto progresistas como conservadores suelen calificar como «odio» o como «violencia» casi cualquier idea que confronte sus principios y su comodidad mental, diluyendo esos términos disfrazados de buenas intenciones hasta volverlos irreconocibles y alimentando así el péndulo de la censura. Esta práctica trivializa conceptos importantes y perpetúa la creencia de que la censura puede ser una herramienta segura en las manos correctas. Pero esa creencia es un espejismo. La trayectoria de John Milton (1608-1674) lo ilustra con claridad. Pese a proclamarse un ferviente defensor de la libertad de expresión, cuando saboreó las mieles del poder social y político, terminó apoyando la censura contra ideas que consideraba «impías». Este fenómeno, conocido como la «maldición de Milton», demuestra que incluso los adalides de la libertad pueden caer en la tentación de usar las armas del poder para imponer sus propios criterios.
Y como siempre, los tiempos están cambiando. En lugar de tragedias, lo que se vislumbra en el horizonte es la ironía burlesca de la historia. Es decir, los censores de ayer y de hoy serán mañana quienes rueguen por la libertad que tan arduamente negaron. Si alguna vez hubo dudas sobre el valor de la libertad de expresión, ahora es el momento de disiparlas. Este principio no solo protege a los disidentes; también actúa como un mecanismo esencial de autopreservación social y permite corregir errores, adaptarse al cambio y garantizar la continuidad del verdadero progreso humano. Algo así como la ciencia. Negarlo equivale a encadenarse a un ciclo perpetuo de errores y represalias, tan predecible como evitable.
La censura, por mucho que intente vestirse de virtud, perpetúa un ciclo de errores que la humanidad no puede permitirse repetir. Defender la libertad de expresión, por lo tanto, no es un capricho de idealistas ni un lujo del que podamos prescindir. Es una cuestión de supervivencia colectiva. Regular el discurso, cuando es objetivamente necesario y legítimo, debe ser tratado como una cirugía de alta precisión, no como el acto impulsivo y caprichoso de un activista. Regular no significa domesticar el pensamiento ni sofocar las ideas; significa encontrar un equilibrio entre proteger a la sociedad (daño real, transparencia y universalidad) y preservar su capacidad de reflexionar, cuestionar y evolucionar. Las generaciones futuras no medirán nuestras acciones por la nobleza de nuestras intenciones, sino por el peso de sus consecuencias.
Si tienes el lujo de reflexionar, aprovéchalo. Escucha las voces de quienes han profundizado en esta cuestión, quienes han advertido sobre los daños y las trampas que la acompañan. Porque, una vez que la censura alcanza su clímax, lo único que queda es el silencio. Y el silencio, como bien saben los censores caídos en desgracia, es la más cruel de las ironías. El péndulo, implacable, siempre vuelve a oscilar, y el tiempo para actuar se desvanece antes de que el golpe se haga inevitable.
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Quienes me siguen desde hace años saben que he sido muy crítico con el pensamiento posmoderno. Pero esto no implica que todo lo que proponen pensadores como Michel Foucault sea erróneo o perjudicial. Mi principal objeción radica en su visión cínica del mundo. Como escribí hace algún tiempo: «Los posmodernistas acertaron en una cosa: el poder y el privilegio pueden filtrarse en casi cualquier lugar, hasta el punto de construir socialmente algo para el beneficio propio. Pero no acertaron con el freno y se convirtió prácticamente en una cínica teoría de la conspiración».
En el Libro II de La República, Sócrates defiende la censura de los mitos y los relatos que considera perjudiciales para la educación moral de los ciudadanos en su Estado ideal. Argumenta que los dioses deben ser representados únicamente como modelos de virtud, bondad e inmutabilidad, ya que las narraciones que muestran a los dioses como engañosos, vengativos o inmorales podrían influir negativamente en la conducta de las personas. Sócrates propone seleccionar cuidadosamente los discursos que se transmiten a los niños y a la sociedad en general para fomentar la justicia y la cohesión social. Esta postura parece contradictoria con la imagen de Sócrates como mártir de la libertad de pensamiento, aunque refleja su preocupación por subordinar la expresión individual al bien común en el contexto de su república ideal.
Me surgen estos tres, y estoy abierto a que mejoren lo que propongo.
Por supuesto, aquí surge el extenso debate sobre qué se consideraría «daño».